Hay que reconocer que la nación, desde el principio, comenzó mal su historia. Desde la declaración de independencia en 1821, cuando los próceres escribieron que la promulgaban “antes de que el pueblo la declare por sí mismo”, la elite criolla mostró ser de orientación antipopular y falsamente patriota. Se mostró incapaz de mantener unida la nación centroamericana, la cual terminó fragmentada en cinco patrias, cada una de ellas de dudosa viabilidad económica. Cinco aparatos de estado al servicio de ricos hacendados y grandes comerciantes. El poder se organizó a espaldas de la masa popular.
En 1832 el nonualco Anastasio Aquino, con su levantamiento, acabó de meterles el miedo en el cuerpo a los poderosos. Tan sólo medio siglo más tarde, para cuando las reformas liberales, ya lo tenían claro: el progreso, según ellos, pasaba por eliminar las tierras de propiedad común. El decreto de 1880 de abolición de tierras comunales y en 1881 el de extinción de ejidos representaban la privatización de la tierra. La masa campesina era desposeída, expropiada, empobrecida, sacrificada. Todo ello a nombre del progreso y la modernización.
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