C. Marchelly Funes*
En los últimos días las grandes empresas mediáticas se han dado a la tarea de publicar notas y espacios de opinión referidos a las reestructuraciones que se hacen en el sector público, específicamente, en los mandos superiores y medios.
Pero como era de esperarse hoy los mismos que le negaron un empleo digno a miles de salvadoreños y salvadoreñas por dos décadas consecutivas se rasgan las vestiduras pronunciándose para defender lo indefendible.
En la actualidad, la administración pública cuenta con un ejército de activistas políticos que están en cargos clave, que están ahí no por su compromiso institucional o su capacidad profesional, sino que simplemente porque son militantes del ex partido de gobierno ––que los ha mantenido en esos puestos por más de 15 años en su mayoría–– y porque tienen un padrino que los respalda. Esto ya no puede, ni debe ser así.
La oposición hace hasta lo imposible para mantener a sus aliados en estos puestos estratégicos y no lo hacen por solidaridad con los empleados sino por estrategia política ––entrampar, oscurecer y boicotear al nuevo Gobierno––. En este sentido, el partido de gobierno debe ser inteligente y esforzarse por jugar el papel de garante de los cambios ofrecidos por el presidente de la República, Mauricio Funes. La experiencia histórica debe de enseñarle a la izquierda salvadoreña que si no se colocan los cuadros idóneos en materia de lealtad política y rodeada con personal técnico de apoyo, no habrá garantías por muy buenas declaraciones y discursos elocuentes, para lograr los cambios anhelados y ofrecidos en campaña, hay que impedir los malos manejos de recursos con fines de grupos dominantes. En otras palabras el FMLN debe de incorporar profesionales de excelente trayectoria en puestos claves, pero no debe de ser su prioridad.
En definitiva, el partido oficial deberá trabajar en crear las condiciones que les permitan consolidar su plan de Nación. A toda costa, hay que evitar disputas internas, con visiones hegemónicas o dogmáticas que al final entorpezcan el quehacer del ejecutivo, por el contrario, hay generar confianza y seguridad que se va por el camino correcto: construir una democracia participativa e inclusiva.
(*) Comunicadora Social
En los últimos días las grandes empresas mediáticas se han dado a la tarea de publicar notas y espacios de opinión referidos a las reestructuraciones que se hacen en el sector público, específicamente, en los mandos superiores y medios.
Pero como era de esperarse hoy los mismos que le negaron un empleo digno a miles de salvadoreños y salvadoreñas por dos décadas consecutivas se rasgan las vestiduras pronunciándose para defender lo indefendible.
En la actualidad, la administración pública cuenta con un ejército de activistas políticos que están en cargos clave, que están ahí no por su compromiso institucional o su capacidad profesional, sino que simplemente porque son militantes del ex partido de gobierno ––que los ha mantenido en esos puestos por más de 15 años en su mayoría–– y porque tienen un padrino que los respalda. Esto ya no puede, ni debe ser así.
La oposición hace hasta lo imposible para mantener a sus aliados en estos puestos estratégicos y no lo hacen por solidaridad con los empleados sino por estrategia política ––entrampar, oscurecer y boicotear al nuevo Gobierno––. En este sentido, el partido de gobierno debe ser inteligente y esforzarse por jugar el papel de garante de los cambios ofrecidos por el presidente de la República, Mauricio Funes. La experiencia histórica debe de enseñarle a la izquierda salvadoreña que si no se colocan los cuadros idóneos en materia de lealtad política y rodeada con personal técnico de apoyo, no habrá garantías por muy buenas declaraciones y discursos elocuentes, para lograr los cambios anhelados y ofrecidos en campaña, hay que impedir los malos manejos de recursos con fines de grupos dominantes. En otras palabras el FMLN debe de incorporar profesionales de excelente trayectoria en puestos claves, pero no debe de ser su prioridad.
En definitiva, el partido oficial deberá trabajar en crear las condiciones que les permitan consolidar su plan de Nación. A toda costa, hay que evitar disputas internas, con visiones hegemónicas o dogmáticas que al final entorpezcan el quehacer del ejecutivo, por el contrario, hay generar confianza y seguridad que se va por el camino correcto: construir una democracia participativa e inclusiva.
(*) Comunicadora Social
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