C. Marchelly Funes*
Había pasado ya más de dos década en las que en la región Centroamericana no se experimentara la toma del poder político de forma repentina y violenta, por parte de un “grupo de poder” tal y como ha sucedido este 28, fecha en la que ha sido vulnerada la legitimidad institucional establecida en la Carta Magna hondureña.
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya ha sido retirado por la fuerza ––por un grupo de militares–– de su labor constitucional y expulsado del país. Todo apunta a la consulta popular sobre la convocatoria a un referéndum de reforma constitucional que deseaba realizar el mandatario el 28 de junio.
Un “Golpe de Estado” amenaza con retroceder en la consolidación democrática y limita a la sociedad a participar únicamente en el sufragio en periodos electorales como mera expresión de la DEMOCARACIA… No hay que olvidar que la democracia es mucho más que emitir un voto y supone un rol más activo y protagónico de los ciudadanos y ciudadanas en temas de interés nacional.
Las estructuras denominadas protectoras de la Carta Magna han dado un duro revés al desarrollo participativo del pueblo, no sólo por el hecho de impedir la consulta ciudadana que se iba a realizar, sino por irrespetar a todos aquellos y aquellas que expresaron en las elecciones pasadas la voluntad de nombrar a Manuel Zelaya presidente de Honduras.
Gestión participativa
No dispongo de un conocimiento profundo de las políticas impulsadas por el mandatario hondureño, pero quisiera precisar algunas características que si conozco.
En lo que va de la gestión de Zelaya la población ha registrado cambios muy notables en comparación de las gestiones anteriores. Ante todo se ha venido fortaleciendo la participación ciudadana y se han buscado mecanismos para mejorar la calidad de vida ––grupos etarios invisibilizados–– de los más pobres. Es sumamente difícil ver cambios trascendentales en cuatro años con una crisis mundial encima y en sociedades tan deterioradas como las de la región Centroamericana, exceptuando a Costa Rica.
El proyecto (consulta ciudadano) que el mandatario hondureño se disponía a ejecutar el pasado 28 (supuesto motivo del “Golpe de Estado”) pudo haber sido una práctica que fortalecería el sistema democrático de ese país, ya que los actores principales serían las organizaciones sociales y los grupos más vulnerados. En países democráticos no debería coartarse la consulta popular, por el contrario se debe fortalecer la participación ciudadana con el objetivo de crear políticas públicas idóneas a las necesidades del país.
Lo que ha sucedido en Honduras es una muestra de que las derechas neoliberales no piensan ceder sus privilegios tan fácilmente y para mantenerse perpetuados en el poder harán uso de su principal fuerza: el poder económico. Este poder no solo mueve voluntades sino que se ubica estratégicamente en las instituciones claves del Estado para detonar su bomba de tiempo, ya sea como entorpecimiento de la gestión pública, señalamientos mediáticos infundados o peor aún como Golpes de Estados dizque necesarios para rescatar a los países de las crisis que enfrentan. Crisis que han sido muchas veces causados por los mismos derechistas.
En síntesis, que los organismos hondureños como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia deslegitimaron de ilegal la consulta popular que Zelaya quería hacer no justifica la violencia con que se ha manejado el tema y en la zozobra en que mantiene al pueblo hondureño y a la comunidad internacional.
Comunicadora Social(*)
Había pasado ya más de dos década en las que en la región Centroamericana no se experimentara la toma del poder político de forma repentina y violenta, por parte de un “grupo de poder” tal y como ha sucedido este 28, fecha en la que ha sido vulnerada la legitimidad institucional establecida en la Carta Magna hondureña.
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya ha sido retirado por la fuerza ––por un grupo de militares–– de su labor constitucional y expulsado del país. Todo apunta a la consulta popular sobre la convocatoria a un referéndum de reforma constitucional que deseaba realizar el mandatario el 28 de junio.
Un “Golpe de Estado” amenaza con retroceder en la consolidación democrática y limita a la sociedad a participar únicamente en el sufragio en periodos electorales como mera expresión de la DEMOCARACIA… No hay que olvidar que la democracia es mucho más que emitir un voto y supone un rol más activo y protagónico de los ciudadanos y ciudadanas en temas de interés nacional.
Las estructuras denominadas protectoras de la Carta Magna han dado un duro revés al desarrollo participativo del pueblo, no sólo por el hecho de impedir la consulta ciudadana que se iba a realizar, sino por irrespetar a todos aquellos y aquellas que expresaron en las elecciones pasadas la voluntad de nombrar a Manuel Zelaya presidente de Honduras.
Gestión participativa
No dispongo de un conocimiento profundo de las políticas impulsadas por el mandatario hondureño, pero quisiera precisar algunas características que si conozco.
En lo que va de la gestión de Zelaya la población ha registrado cambios muy notables en comparación de las gestiones anteriores. Ante todo se ha venido fortaleciendo la participación ciudadana y se han buscado mecanismos para mejorar la calidad de vida ––grupos etarios invisibilizados–– de los más pobres. Es sumamente difícil ver cambios trascendentales en cuatro años con una crisis mundial encima y en sociedades tan deterioradas como las de la región Centroamericana, exceptuando a Costa Rica.
El proyecto (consulta ciudadano) que el mandatario hondureño se disponía a ejecutar el pasado 28 (supuesto motivo del “Golpe de Estado”) pudo haber sido una práctica que fortalecería el sistema democrático de ese país, ya que los actores principales serían las organizaciones sociales y los grupos más vulnerados. En países democráticos no debería coartarse la consulta popular, por el contrario se debe fortalecer la participación ciudadana con el objetivo de crear políticas públicas idóneas a las necesidades del país.
Lo que ha sucedido en Honduras es una muestra de que las derechas neoliberales no piensan ceder sus privilegios tan fácilmente y para mantenerse perpetuados en el poder harán uso de su principal fuerza: el poder económico. Este poder no solo mueve voluntades sino que se ubica estratégicamente en las instituciones claves del Estado para detonar su bomba de tiempo, ya sea como entorpecimiento de la gestión pública, señalamientos mediáticos infundados o peor aún como Golpes de Estados dizque necesarios para rescatar a los países de las crisis que enfrentan. Crisis que han sido muchas veces causados por los mismos derechistas.
En síntesis, que los organismos hondureños como el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia deslegitimaron de ilegal la consulta popular que Zelaya quería hacer no justifica la violencia con que se ha manejado el tema y en la zozobra en que mantiene al pueblo hondureño y a la comunidad internacional.
Comunicadora Social(*)
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